Señora Coordinadora,
La protección de la infraestructura civil no es solamente un acto de buena voluntad, sino una obligación jurídica vinculante para todas las partes en conflicto.
Los Estados y las partes en conflicto deben adoptar medidas para garantizar esa protección de manera efectiva.
Cuba propone un conjunto de medidas prácticas y operacionales esenciales que deberían implementarse en contextos de conflicto:
Consolidar el compromiso de los Estados con el estricto cumplimiento de las normas de Derecho Internacional Humanitario, sin ni discriminación, como condición fundamental la protección de la infraestructura civil y su consecuente impacto en la vida de las personas que no participan en las hostilidades.
Identificar las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario que requieran perfeccionarse, con vistas a trabajar en la adopción de instrumentos jurídicamente vinculantes que fortalezcan la protección de la infraestructura civil durante los conflictos.
Fortalecer la educación sobre Derecho Internacional Humanitario, mediante el apoyo al desarrollo y aplicación de programas educativos sobre la materia para escuelas y otras instituciones académicas y de enseñanza, a diferentes niveles.
Fortalecer y alinear la legislación nacional de los Estados con los tratados relativos al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Consuetudinario.
Prohibir, mediante instrumentos jurídicamente vinculantes, todas aquellas armas de nueva generación, incluyendo las autónomas y las que incorporan tecnologías asociadas a la inteligencia artificial, las capacidades cibernéticas, los activos espaciales y la tecnología cuántica, que no puedan garantizar el estricto respeto de los principios de Distinción, Proporcionalidad y Precaución y no permitan atribuir clara responsabilidad a un Estado o individuo.
Establecer límites y regulaciones específicas para aquellas armas que mantengan el control humano en las decisiones más importantes de la guerra, dentro de las que se incluyen la selección y ataque de los objetivos.
Compromiso de los Estados con el uso y respeto de zonas protegidas como mecanismo de fortalecimiento de la protección de la infraestructura civil y evitar de esta forma la reducción del riesgo de ataques directos o colaterales.
Erradicar la presencia de objetivos militares en zonas protegidas, disminuir la probabilidad de que instalaciones civiles sean alcanzadas por operaciones ofensivas o defensiva. La delimitación geográfica y jurídica de estas zonas protegidas facilitaría la identificación de áreas donde el uso de la fuerza está restringido, reduciendo errores operacionales y daños involuntarios.
Protección y señalización adecuada de infraestructuras críticas como agua, electricidad, salud y comunicaciones.
Prevenir que tanto armamentos como infraestructuras civiles caigan en manos de actores no autorizados por el Estado e identificar las redes que los apoyan en la obtención, manipulación, financiación, almacenamiento, uso o búsqueda de acceso a este tipo de recursos.
Cuba reafirma su compromiso con la protección de la infraestructura civil y con el fortalecimiento del Derecho Internacional Humanitario.
Instamos a los Estados a adoptar medidas concretas, a cooperar con el CICR y a promover un enfoque preventivo que reduzca la vulnerabilidad de las poblaciones e infraestructuras civiles.
Muchas gracias.