Señor Presidente:
A pesar de haber sido refrendado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en diversos instrumentos internacionales —como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño; y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad—, el derecho a la educación sigue siendo una quimera para millones de personas.
Ante esta realidad, es imperativo que el Consejo de Derechos Humanos actúe con decisión. Respaldamos la propuesta contenida en el artículo 9 de los principios guía presentados por la Presidencia, que otorga al Grupo Intergubernamental de composición abierta el mandato para elaborar y presentar al Consejo un proyecto de protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Este documento debe ser un impulso decisivo para la materialización del mandato aprobado en la resolución 56/5 del Consejo de Derechos Humanos, y para la promoción de una educación preescolar y secundaria pública y gratuita para todas las personas. Asimismo, resulta fundamental el impulse definitivo del reconocimiento explícito de la atención y educación de la primera infancia como parte integral del derecho a la educación.
Si bien somos conscientes de la actual crisis de liquidez que afecta el trabajo del Consejo de Derechos Humanos, consideramos esencial dotar de todos los recursos necesarios al Grupo Intergubernamental para el cumplimiento efectivo de su mandato. Los recursos existen y deben ser destinados a la concreción de objetivo, como estt puede revertirse en beneficios tangibles para millones de personas. Está en juego la formación de las generaciones futuras.
Muchas gracias.