Distinguida Relatora Especial Alena Douhan:
Distinguida Profesora Joy Gordon:
Agradecemos la presentación de este importante volumen, que de manera cuidadosa compila estudios de caso de aplicación de medidas coercitivas unilaterales en diferentes países. Resaltamos la presencia de una diversa representación de académicos de varias naciones, lo que denota el rigor científico y la profesionalidad en la preparación de este material.
El motivo que nos reúne hoy en esta sala es la convicción compartida de que las medidas coercitivas unilaterales son por su naturaleza ilegales a la luz del derecho internacional y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, incluida la igualdad soberana de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos.
Más grave aún, afectan de manera directa e indiscriminada a poblaciones enteras, convirtiéndose en un obstáculo estructural para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
Tales acciones unilaterales merecen no solo un contundente rechazo político en foros multilaterales sino también una denuncia argumentada desde el sector académico, principalmente en aquellos países que imponen estas medidas.
Quisiera referirme al artículo “The Impact of US Sanctions on Cuba’s Economic Development”, del académico cubano Raúl Rodríguez.
Destaco de las principales ideas sostenidas por el autor: el bloqueo a Cuba no se trata de un simple diferendo bilateral, sino de un sistema de medidas coercitivas unilaterales de carácter extraterritorial, único por su duración y amplitud, que ha condicionado de manera profunda el modelo de desarrollo cubano durante más de seis décadas.
El entramado legal que rige el bloqueo no deja dudas sobre la ambición intervencionista, hegemonista y colonialista que anima al gobierno de los Estados Unidos.
Ningún país del mundo ha debido enfrentar un bloqueo tan abarcador y duradero como el que ha experimentado Cuba.
Ello ha ocasionado restricciones severas para acceder a insumos médicos, tecnologías, equipos industriales, entre otros bienes y servicios, lo que afecta directamente la capacidad del Estado cubano para garantizar derechos básicos de la población.
La inclusión de Cuba en la lista del Departamento de Estado de supuestos Estados patrocinadores del terrorismo persigue provocar un aislamiento casi total del sistema financiero internacional.
Bancos, aseguradoras, empresas y proveedores de servicios cancelan relaciones por temor a multas multimillonarias o pérdida de acceso a mercados. Como resultado, se ven severamente afectados derechos fundamentales como el derecho a la salud, a la alimentación y al desarrollo.
Los derechos humanos no pueden defenderse mediante el castigo colectivo, el aislamiento financiero ni la asfixia económica.
Exhortamos a los expertos a continuar abordando este tema en sus investigaciones y alentamos a que continúen cooperando con el mandato de medidas coercitivas unilaterales del Consejo de Derechos Humanos.
Muchas gracias.