Intervención de Olga Lidia Pérez, Directora de Notarías del Ministerio de Justicia de Cuba en el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos

Señor Presidente:

Cuba es un Estado de Derecho. El sistema político cubano, su sistema electoral, las estructuras y funcionamiento del gobierno, los derechos humanos, las garantías para su ejercicio y los deberes de los ciudadanos, están regulados por normas jurídicas.

Nuestro sistema político es genuinamente democrático, participativo y popular, como quedó demostrado en el recién concluido proceso electoral.

La democracia en Cuba es un ejercicio de participación permanente, apoyo y control de la ciudadanía a los órganos de poder y la gestión de gobierno. No se limita al momento de las elecciones, que son periódicas, con voto libre, igual y secreto. Todos los órganos del poder del Estado son elegibles, renovables y revocables. Los ciudadanos tienen derecho a intervenir en la dirección del Estado, directamente o a través de representantes electos.
Continuamos ejecutando acciones para promover la más profunda participación y pluralidad de ideas, fortaleciendo las vías e instancias para el debate y la generación de consensos en los procesos de adopción de decisiones.

Los derechos a la vida, libertad y seguridad de la persona reciben amplia protección. Se reconoce y protege la inviolabilidad de la persona y su derecho a la integridad.

Todos los cubanos tienen derecho a la libertad de palabra y prensa, según establece la ley. Los derechos de reunión y manifestación están plenamente reconocidos, y se ejercen salvaguardando la seguridad y el orden público.

Existe un amplio espacio para el ejercicio del derecho de asociación, que se continúa fortaleciendo. Promovemos la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil en la identificación y solución de los desafíos y retos que enfrentamos. Las asociaciones constituidas conforme a la ley funcionan con libertad y sin interferencias.

Continuamos garantizando la libertad religiosa. Todos los credos gozan de igual consideración; y todo ciudadano es libre de cambiar de creencia religiosa o de no tener ninguna. No se imponen restricciones ni existen obstáculos al funcionamiento de las instituciones religiosas.

Señor Presidente:

En Cuba, no hay ningún sancionado ni privado de libertad por la reivindicación o el ejercicio de los derechos humanos. Los defensores de derechos humanos cuentan con amplias garantías para realizar sus actividades. Sin embargo, no admitimos que se otorgue este honroso calificativo a personas que realizan actos dirigidos a subvertir el orden constitucional, por la remuneración y bajo instrucciones de una potencia extranjera.

La defensa de los derechos humanos es una causa justa y sagrada, que no debe manipularse para violar el derecho de los pueblos a la libre determinación.  

Muchas gracias.

 

 

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