Cuba apoya el proyecto de resolución L.28 y la renovación del mandato del Grupo de Trabajo.
Enfatizamos la necesidad y urgencia de regular las empresas militares y de seguridad privadas, cuyo número crece rápidamente y se involucran cada vez más en conflictos, en violaciones del Derecho Internacional y del Derecho Internacional Humanitario y en abusos de los derechos humanos.
Algunos Estados utilizan estas empresas para eludir el Derecho Internacional, y camuflar su responsabilidad con respecto a las violaciones de los derechos humanos.
Muchas de esas entidades realizan un nuevo tipo de actividad mercenaria. Cuba ha sido víctimas de tales acciones en múltiples ocasiones.
Hay que avanzar más allá de directrices y buenas prácticas. Cuba apoya la adopción un instrumento internacional jurídicamente vinculante robusto para la regulación, monitoreo y supervisión de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas.
La ausencia de ese instrumento crea un peligroso y significativo vacío legal. Las empresas militares y de seguridad privadas no pueden seguir operando con impunidad y sin rendir cuentas.
Cuba llama a la adopción por consenso del proyecto de resolución L. 28.
Muchas gracias.