Agradecemos a las delegaciones de México y Nueva Zelanda la presentación del proyecto de resolución L.4.
Reafirmamos el compromiso de Cuba con la plena implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Apoyamos el mandato de la Relatora Especial.
El Estado cubano concede la más alta prioridad al desarrollo integral, la inclusión social y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, bajo el principio de no dejar a nadie atrás.
La Constitución de la República prohíbe la discriminación por motivo de discapacidad. La violación del principio de igualdad es sancionada por la ley.
Contamos con una Comisión Nacional para el seguimiento y monitoreo de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual se beneficia de la activa participación de la sociedad civil.
Estos esfuerzos se ven seriamente obstaculizados por el asfixiante bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Ese bloqueo se ha recrudecido en los últimos meses con medidas cada vez más despiadadas y agresivas, incluyendo un cruel e inhumano cerco energético, que impacta de manera brutal en la vida de las personas con discapacidad y viola sus derechos humanos.
Las cifras lo demuestran, basta mencionar dos ejemplos: 9 minutos de bloqueo le cuestan a Cuba 280 mil dólares, que equivalen al costo de las sillas de ruedas eléctricas y convencionales que se requieren para atender las necesidades del sistema de educación especial del país.
10 minutos de bloqueo equivalen a los 143 mil dólares necesarios para cubrir la demanda de prótesis auditivas para los niños y adolescentes cubanos en situación de discapacidad que cursan la educación especial.
A pesar de estos enormes obstáculos, nunca cejaremos en nuestros esfuerzos para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Cuba apoya el proyecto de resolución L.4 y espera que el mismo pueda ser adoptado por consenso.
Muchas gracias.