Señor Presidente:
Cuba considera necesario y oportuno este debate sobre un tema de la mayor urgencia. América Latina y el Caribe encara hoy amenazas que no tienen precedentes en las últimas décadas.
El actual despliegue militar ostensible, exagerado e injustificado de los Estados Unidos en el mar Caribe y sus constantes anuncios y acciones amenazantes contra la República Bolivariana de Venezuela, son el preludio de lo que supondría una agresión tan ilegal como irresponsable.
En su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, el gobierno de los Estados Unidos declara como prioridad imponer su influencia y control en América Latina y el Caribe, incluyendo sobre los recursos naturales de nuestra región.
La infame Doctrina Monroe, con un enfoque aún más agresivo, reaparece como un elemento central de la política de ese país. Como resultado de la aplicación de esa tenebrosa doctrina, las naciones de nuestra región sufrimos incontables intervenciones y atropellos en el pasado. No podemos permitir que sea también el futuro.
El asalto e incautación, la pasada semana, de un buque petrolero por parte de fuerzas militares estadounidenses, que demuestra las verdaderas intenciones del despliegue militar, es un vil acto de piratería, terrorismo marítimo y robo de los recursos del pueblo venezolano.
Fue el más reciente episodio de una alarmante secuencia de ataques contra pequeñas embarcaciones y ejecuciones extrajudiciales de más de 90 personas, bajo acusaciones jamás probadas. Esos asesinatos, que violan de manera flagrante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, han sido documentados por expertos y relatores de las Naciones Unidas.
Ahora el gobierno de los Estados Unidos demanda que Venezuela le entregue sus recursos naturales y para lograr tal despropósito, anunció la imposición de un bloqueo naval.
Esto constituye otra gravísima violación del Derecho Internacional, contraviene los principios de la libertad de navegación y del libre comercio, y perjudica no solo a Venezuela, sino a la comunidad internacional en su conjunto, incluyendo los Estados Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Somos Estados soberanos. Los recursos naturales de nuestros países pertenecen a nuestros pueblos, a nadie más.
Cada nación tiene el derecho de disponer y comerciar libremente sus recursos de la manera que entienda, sin injerencias ni pretensiones hegemónicas de cualquier otro país, por poderoso que sea.
Estamos presenciando un asalto frontal a los principios y normas de la OMC, organización encargada de preservar un sistema de comercio multilateral universal, basado en reglas, no discriminatorio y equitativo. Un sistema basado en el Derecho Internacional, no en el derecho a la fuerza.
No se pueden violar impunemente disposiciones claves del sistema multilateral de comercio, entre las que se incluyen el Artículo XI del GATT sobre Eliminación de las Restricciones Cuantitativas; el Artículo III sobre Trato Nacional; el Artículo V sobre Libertad de Tránsito; el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, y el principio fundamental de no discriminación, por solo mencionar algunos ejemplos.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional a rechazar, sin ambigüedades, las ilegales acciones de los Estados Unidos, y a defender el respeto a la Carta de la ONU y las normas de esta Organización.
Solicitamos a la OMC demandar la restitución de todos los activos que han sido despojados de manera arbitraria, y una compensación justa y proporcional por los cuantiosos daños económicos y comerciales que estas agresiones provocan.
La libertad de comercio y navegación consagrada en el Derecho Internacional debe ser protegida. Es también una prioridad defender el derecho legítimo de América Latina y el Caribe a ser una Zona de Paz.
Muchas gracias.