Tal y como se expresa en el proyecto de resolución L.9, es preocupante el impacto negativo de la difusión deliberada de información falsa o manipulada con la intención de engañar y confundir al público, y su repercusión en los derechos humanos.
La desinformación se ha convertido en una de las principales amenazas de nuestro tiempo, por lo que garantizar la integridad de la información es un desafío urgente.
Los avances tecnológicos han revolucionado las comunicaciones, conectando a las personas y naciones a una escala impensable hasta hace pocos años. Ello ofrece oportunidades sin precedentes para la difusión del conocimiento, el enriquecimiento cultural y el desarrollo sostenible.
Pero estos avances también están facilitando, de manera creciente, la propagación de desinformación con un volumen, velocidad y viralidad sin precedentes en la historia. Ello va en detrimento del derecho de las personas a recibir información veraz.
Se difunden noticias falsas, mentiras y manipulaciones, con el objetivo de incitar a la violencia, la hostilidad y el odio. Los niños y jóvenes asumen la peor parte de las consecuencias de la desinformación, pues pasan una parte importante de su vida en internet. Esto nos obliga a actuar sin demora.
La realidad es que la desinformación crece porque aporta enormes beneficios a los propagadores.
Unas pocas grandes empresas tecnológicas y un pequeño número de países del norte del planeta, tienen un poder e influencia excesivos en el ecosistema de la información. En un mundo dominado por la conectividad digital, la información debería ser reconocida como bien público y un recurso compartido por toda la humanidad.
Como se indica en el proyecto de resolución, los Estados deben abstenerse de llevar a cabo o patrocinar campañas de desinformación con fines políticos.
Cuba es uno de los países que sufre las consecuencias de estas campañas. Una red de plataformas digitales, canales de televisión y radio, medios de prensa y actores con agendas destructivas, muchos de ellos financiados directa e indirectamente por el gobierno de los Estados Unidos, difunden de manera permanente mentiras y manipulaciones para desinformar sobre la realidad cubana.
En los últimos meses, el gobierno estadounidense ha reforzado su operación comunicacional contra Cuba, para justificar el despiadado cerco energético impuesto a nuestro país y justificar una intervención militar.
Los Estados, por su autoridad legal y reguladora, tienen una responsabilidad principal en contrarrestar la desinformación, incluyendo en las plataformas digitales. Tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos y los de otros países, tomando las medidas adecuadas para prevenir, investigar y castigar a los responsables de la desinformación.
Por las razones expuestas, Cuba apoya el proyecto de resolución L.9 y espera que el mismo sea adoptado por consenso.
Muchas gracias.