Señor Presidente:
No hay consenso en la comunidad internacional sobre la cuestión de la pena de muerte. Las resoluciones sobre este tema presentadas en este Consejo, en la Asamblea General de Naciones Unidas y en otros espacios, son consistentemente adoptadas por votación, lo que es un reflejo de las diferencias en las posiciones.
El examen de la cuestión de la pena de muerte no puede estar desvinculado de las condiciones objetivas y circunstancias nacionales de cada país.
Cuba es favorable a eliminar la pena de muerte cuando existan las condiciones propicias. Comprendemos y respetamos los argumentos de los que proponen su eliminación o moratoria, así como los esfuerzos para avanzar progresivamente en dirección de su abolición.
Al mismo tiempo, en legítima defensa de su seguridad nacional, nuestro país se ha visto forzado a establecer y aplicar leyes severas contra actividades terroristas y crímenes encaminados a destruir el Estado Cubano y la vida de sus ciudadanos, siempre con apego a la más estricta legalidad y con respeto a las garantías judiciales.
La aplicación en Cuba de la sanción de pena de muerte tiene un carácter muy excepcional.
Durante muchos años no se ha dictado ninguna sanción de pena de muerte por los tribunales cubanos y esta no se aplica desde 2003.
No existe hoy en Cuba ningún condenado a esa pena. En 2009, a todas aquellas personas que se encontraban bajo esta sanción, le fue conmutada por penas por 30 años o privación perpetua de libertad. Nunca se ha ejecutado a una mujer en Cuba y se prohíbe la imposición de la pena de muerte a menores de 20 años y a mujeres en estado de gestación.
Confiamos en que podrá llegar en el futuro el día en que existan las condiciones necesarias para abolir la pena de muerte en nuestro país, no sólo a partir de las convicciones éticas y morales de nuestro pueblo, sino también por su profundo sentido de justicia y humanismo.
Esa decisión tendrá que estar necesariamente vinculada al cese de la política de agresión del gobierno de los Estados Unidos, de modo que Cuba pueda avanzar en un clima de paz en su desarrollo económico, político y social, con plenas seguridades de respeto a nuestra soberanía, libre determinación y a la existencia misma como nación.
Lamentablemente, el proyecto de resolución L.12 no refleja adecuadamente las posiciones de Cuba, por lo que en su forma actual no lo podemos apoyar.
El texto no reconoce el derecho soberano de todos los Estados a desarrollar un sistema legal propio, de conformidad con sus condiciones nacionales y sus obligaciones en el contexto del Derecho Internacional.
Por esas razones, Cuba ha votado a favor de las enmiendas L.36, L.39 y L.58. Nuestra delegación no participará en la votación del proyecto de resolución L.12 en su conjunto.
Muchas gracias.