Señor Presidente:
Cuba rechaza y continuará oponiéndose a proyectos de resolución de naturaleza selectiva, injerencista y politizada, que no cuentan con el consentimiento del Estado concernido.
Mantenemos esa posición de principio, porque Cuba defiende la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, incluyendo el respeto a la soberanía de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos.
El Consejo no puede ser un instrumento de coerción contra los Estados. Los principios de imparcialidad y objetividad deben ser respetados.
Es hora de dejar ya a un lado las ineficaces, parcializadas e injerencistas prácticas punitivas contra países del Sur.
Los mandatos y mecanismos confrontacionales que se imponen contra la vountad de los Estados concernidos, como ocurre en el caso de Belarús, son inoperantes e ineficaces, y están destinados al fracaso.
Se derrochan en tales mecanismos millonarios recursos que deberían destinarse a facilitar la implementación de las recomendaciones del Examen Periódico Universal y a promover el diálogo constructivo y la cooperación genuina, que han demostrado ser la única manera efectiva de avanzar la causa de los derechos humanos.
Esos recursos deberían dedicarse también a aminorar el impacto de las ilegales medidas coercitivas unilaterales que se aplican contra varios países, incluyendo Belarús, afectando gravemente los derechos humanos de la población.
El proyecto L.10 no solo no rechaza las medidas coercitivas unilaterales contra Belarús, sino que hace silencio e ignora completamente esta relevante cuestión. Ello es una demostración más de la selectividad y motivaciones políticas del texto.
Por las razones expuestas Cuba no puede apoyar el proyecto de resolución L.10 y votará en contra del mismo.
Muchas gracias.