Señor Presidente:
Agradecemos a los países patrocinadores del proyecto de resolución L.17 Rev. 1 por la presentación de esta iniciativa.
Saludamos que este año el texto se haya enfocado en la contribución de la educación al fortalecimiento de la promoción y protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Ello se corresponde con otras iniciativas que se están desarrollando en el Consejo y con el tema del Foro Social en 2025.
La educación en valores comienza por el reconocimiento de que no existe un único modelo de democracia y que ningún país o región tiene autoridad para proclamarse paradigma de la democracia y los derechos humanos, mucho menos para estigmatizar a otros.
Debe ser respetada la soberanía y el derecho inalienable de los Estados a elegir su sistema político, económico y social, como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones.
Como bien se reconoce en el proyecto de resolución, todos los países enfrentan retos en materia de democracia, Estado de Derecho y realización de los derechos humanos.
Es por ello que todos los Estados tenemos la responsabilidad permanente de continuar actualizando y fortaleciendo los ordenamientos jurídicos nacionales, sin injerencias.
El desarrollo socio-económico es indispensable para consolidar el Estado de Derecho en cualquier país. En ese contexto, esperamos que en próximas sesiones se fortalezca el vínculo de esta resolución con los esfuerzos en curso para la operacionalización del derecho al desarrollo en el Derecho Internacional.
Muchas gracias.