Señor Presidente,
Cuba ha sufrido directamente los efectos de las medidas coercitivas unilaterales en el enfrentamiento a las pandemias. En nuestro caso, las medidas coercitivas unilaterales toman forma en la ilegal política de bloqueo que el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido contra nuestro país por más de 60 años.
De marzo de 2022 a 2023, esta política causó pérdidas en el sector de la salud por un valor de 239 millones 803 mil 690 dólares, cifra que supera en casi 80 millones las afectaciones reportadas en el período previo a la pandemia de la COVID-19 (abril de 2019 a marzo de 2020).
Los daños acumulados a los servicios de salud durante más de seis décadas de aplicación del bloqueo ascienden a 3 mil 625 millones 840 mil 594 dólares.
La cancelación de contratos, el incremento de los costos de comercialización y la creciente presión sobre los bancos en cualquier rincón del planeta, han tenido un impacto negativo notable en el proceso de adquisición de insumos para la sostenibilidad del sistema de salud cubano.
El bloqueo viola los derechos del pueblo cubano. Mientras la COVID-19 cobraba millones de vidas alrededor del mundo y tensaba las condiciones del sistema de salud cubano, que es público, gratuito y universal, el gobierno de los Estados Unidos no aplicó ni una sola medida de alivio del bloqueo. En su lugar, esta política inhumana se intensificó y generó dificultades y demoras para el arribo de insumos y equipamientos médicos imprescindibles, incluyendo para la industrialización de las vacunas cubanas.
Se obstaculizó, incluso, la adquisición de oxígeno medicinal en terceros países.
La acción vil y deliberada de impedir el suministro de ventiladores pulmonares cuando más lo necesitaba nuestro sistema de salud, dejó en evidencia la dimensión profundamente inhumana de esta política, y su impacto en el derecho a la vida y el derecho a la salud. El pueblo cubano supo sobreponerse y desarrollar su producción nacional con prototipos propios.
Las condiciones excepcionales en las que Cuba tuvo que hacer frente al SARS-COV-2 han sido reconocidas por la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, la Sra. Alena Dohan.
En los últimos años, decenas de proveedores alrededor del mundo han interrumpido sus relaciones con Cuba. Como resultado, la industria farmacéutica debió enfrentar tensiones nunca antes vistas, al extremo de verse afectada gravemente su línea de suministro, incluido en el contexto de la COVID-19.
Las medidas coercitivas unilaterales son ilegales. Su mantenimiento en contextos de pandemia es, además de contrario al Derecho Internacional y cualquier dictado ético, cruel e inhumano. La OMS y la comunidad internacional deben tomar acción para impedir que, en próximas pandemias, las poblaciones de un grupo de Estados vean afectado el ejercicio pleno de su derecho a la salud.
Muchas Gracias.