Señor Presidente:
Agradecemos la presentación y tomamos nota del informe del Relator Especial.
Coincidimos en que las garantías de un trato justo y el aseguramiento de condiciones de vida dignas a las personas privadas de libertad es responsabilidad de los Estados, que tienen el deber de proteger los derechos humanos en cualquier circunstancia. A pesar de no resultar justificación, las condiciones socioeconómicas de cada país tienen un impacto transversal en todos los sectores, de ahí la importancia de trabajar por el derecho al desarrollo como cuestión fundamental.
Señor Presidente:
El Sistema Penitenciario Cubano cuenta con las instalaciones, el personal especializado y los recursos para garantizar el derecho a la salud y una atención médica de calidad a los reclusos. Cuando el padecimiento es incompatible con el régimen de reclusión penitenciaria, se otorgan licencias extrapenales o se modifica la sanción por una pena alternativa.
Estos centros están sujetos a continuos y rigurosos procesos de escrutinio y control, que realizan la Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior.
Al respecto, la legislación penal y los reglamentos del Sistema Penitenciario establecen medidas administrativas, y la exigencia de responsabilidad penal, a quienes den un tratamiento inferior a la protección debida y los estándares establecidos.
Muchas gracias.