Señor Presidente:
A solo nueve años del plazo fijado para el cumplimiento de la esperanzadora Agenda 2030, el panorama es desalentador. Las Naciones Unidas lo ha reconocido ya: al ritmo actual, no se alcanzará ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y más de la mitad de las 169 metas acordadas serán incumplidas.
El compromiso global de “no dejar a nadie atrás” se encuentra en grave peligro.
Un orden internacional injusto y antidemocrático es la causa de las desigualdades y la exclusión que enfrentan las grandes mayorías.
Mientras prevalezca ese orden mundial, las metas más nobles seguirán siendo una quimera. Mientras los ricos sean cada vez más ricos, y los pobres seamos cada vez más pobres, el mundo continuará el descalabro que lo llevará a su definitiva desaparición.
En pleno siglo XXI, ofende a la condición humana que casi 800 millones de personas padezcan de hambre en un planeta que produce lo suficiente para alimentar a todos. O que, en la era del conocimiento y desarrollo acelerado de las tecnologías de la información y las comunicaciones, más de 760 millones de personas, dos terceras partes de ellas mujeres, no sepan leer ni escribir.
Los esfuerzos de los países en desarrollo no bastan para implementar la Agenda 2030. Tienen que estar respaldados con acciones concretas de acceso a mercados, financiamientos en condiciones justas y preferenciales, transferencia de tecnologías y cooperación Norte-Sur.
Los países industrializados tienen la urgente obligación de cumplir sus compromisos en materia de financiación para el desarrollo y provisión de medios de implementación, incluida la provisión del 0.7% de su Producto Nacional Bruto para Ayuda Oficial al Desarrollo.
Ofende también a la condición humana que algunos países desarrollados, responsables del saqueo y la colonización de nuestros pueblos, cuenten con recursos para duplicar y triplicar los presupuestos asignados a la carrera armamentista y al complejo militar industrial, pero incumplan, sin escrutinio alguno de la comunidad internacional, sus obligaciones en materia de desarrollo.
Señor Presidente:
El retroceso en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene un negativo impacto en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, los que forman parte esencial de la agenda de derechos humanos de la ONU.
De igual forma, se ve amenazado el derecho al desarrollo de nuestros pueblos. A la compleja crisis multidimensional que enfrentamos, se suman los esfuerzos de algunos países para sabotear la proliferación de los derechos colectivos y para colocar obstáculos técnicos y jurídicos a la operacionalización del derecho al desarrollo.
Cuba considera que la llamada “economía de los derechos humanos” es un concepto en evolución, que no sustituye los esfuerzos para la operacionalización del derecho al desarrollo, sino que lo complementa. Abordar esta cuestión solo desde el punto de vista económico, olvidaría sus implicaciones sociales y la importancia medular de la solidaridad y la cooperación internacionales.
Los países del Sur, no solo tenemos el reto del desarrollo y de la promoción y protección de todos los derechos humanos para todos, sino también la responsabilidad de modificar las estructuras que nos marginan del progreso global y convierten a muchos pueblos en laboratorios de renovadas formas de dominación.
Urge un nuevo y más justo contrato social global.
Al respecto, solicitamos las consideraciones de los panelistas sobre las cuestiones siguientes: ¿Qué medidas adicionales pueden adoptarse en función del alivio de la deuda externa? ¿Qué nuevos mecanismos pueden implementarse para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los países desarrollados en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo? ¿Cómo es posible reducir el impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre los países afectados?
Muchas gracias.