Señor Presidente:
El derecho al desarrollo constituye un derecho universal e inalienable. No puede negarse que es un derecho tanto de los pueblos como de los individuos. Su dimensión colectiva le permite responder a retos comunes y contribuir al bienestar social de forma integral.
La dimensión colectiva del Derecho a desarrollo es un tema relativamente novedoso desde el punto de vista legal, y requiere una transformación de la visión individualista del Derecho y de los sistemas jurídicos.
Las diferentes Declaraciones de las Naciones Unidas que se han adoptado sobre pueblos indígenas y campesinos, así como fallos judiciales favorables a comunidades que han reclamado la violación de sus derechos humanos por parte de empresas transnacionales representan un avance significativo, demostrando que esta dimensión no solo es viable, sino también aplicable desde el punto de vista procesal.
El derecho al desarrollo, a la paz, la solidaridad y un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, son fundamentales para impulsar las verdaderas transformaciones que requieren nuestros pueblos.
Lamentablemente, aún se desconoce el derecho a la libre determinación, esencial para el desarrollo económico, social y cultural. Además, sigue sin reconocerse que los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes, relacionados entre sí y que deben garantizarse en igualdad de condiciones.
Nos enfrentamos a la falta de voluntad política de numerosos países desarrollados y algunas naciones en desarrollo, que continúan negando el derecho colectivo al desarrollo. Año tras año, dificultan su implementación y su reconocimiento jurídico en los organismos internacionales.
El desarrollo solo puede alcanzarse si actuamos con solidaridad y compromiso. Es hora de dejar atrás las barreras impuestas por el egoísmo y construir juntos un futuro más justo, inclusivo y sostenible para todos. No podemos permitir que la indiferencia y el interés propio dicten el rumbo del desarrollo global.
Muchas gracias.