Señor Presidente:
El sistema legal cubano ha sido objeto de una reforma integral en los últimos años. Ese proceso ha incluido la actualización de normas como el Código Penal, la Ley del Proceso Penal y la Ley de Ejecución Penal.
Las modificaciones incorporadas son resultado de amplios procesos de consultas con especialistas, legisladores y la población en su conjunto, y responden a un enfoque más abarcador en el tratamiento de los derechos humanos.
En Cuba, la función de impartir justicia es ejercida por los tribunales de manera independiente, en línea con los Principios Básicos sobre la Independencia de la Judicatura.
Los jueces cubanos son independientes en el ejercicio de sus funciones y solo deben obediencia a la ley, amparados en la Constitución de la República y en la Ley de Tribunales.
Cuentan con inmunidad y son inamovibles de sus funciones, mientras no concurran causas legales para su cese o revocación.
Como garantía de su autonomía e independencia, los jueces cubanos son electos por las Asambleas del Poder Popular en cada uno de los territorios.
La infracción de esta regla o cualquier obstrucción a su ejercicio, constituye un quebrantamiento de la legalidad, con las correspondientes medidas correctivas e, incluso penales a los responsables.
En los programas de superación de la Escuela de Formación Judicial se incluye, con un carácter prioritario, la formación en temas de derechos humanos.
Cuba reitera su compromiso con la promoción y protección de todos los derechos humanos, incluidos los civiles y políticos, y con el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los instrumentos de los que el país es Estado Parte.
Muchas gracias.