Nueva York, 14 de septiembre de 2018. El bloqueo económico, comercial y financiero que el gobierno norteamericano ha impuesto a Cuba desde 1962, ha sido recrudecido por la actual administración de Donald Trump, quien firmó el 16 de junio de 2017 en Miami, el “Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba”. Este documento derogó la directiva emitida por el presidente Barack Obama el 14 de octubre de 2016, titulada “Normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba”. Ello ha conducido a un retroceso de la posición de la administración anterior, que había optado por dar pasos a favor del desmantelamiento del bloqueo.
Como consecuencia, el 8 de noviembre de 2017, los Departamentos de Comercio, Tesoro y Estado de EE.UU., emitieron nuevas regulaciones y disposiciones. Se impusieron restricciones para los viajes bajo la categoría “pueblo a pueblo” y limitaciones a los viajes educacionales; lo que ha incidido en la disminución de los viajeros de ese país a Cuba durante 2018 y por consiguiente, en la actividad de decenas de miles de trabajadores cubanos que se dedican al trabajo por cuenta propia.
En la misma fecha, el Departamento de Estado emitió una “Lista Restringida de Entidades y Dependencias cubanas”, en la que fueron incluidas 179 empresas. El objetivo de esta medida es continuar entorpeciendo las relaciones económicas y comerciales de las empresas cubanas con potenciales socios estadounidenses y de terceros países. El impacto extraterritorial ha sido considerable durante 2018, ya que se ha generado confusión en relación con la Lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Bancos e instituciones en Europa, América Latina, África y Asia, han impuesto condiciones y obstáculos para seguir operando con empresas y embajadas cubanas que han sido sus clientes durante años. Entre las principales afectaciones registradas, fruto de este efecto intimidatorio, se encuentran: la prohibición de transferencias de fondos en dólares estadounidenses u otras monedas libremente convertibles; la cancelación de cuentas de embajadas y empresas con intereses cubanos en el exterior, así como de servicios financieros para negocios relacionados con Cuba y la denegación del otorgamiento de facilidades crediticias o la tramitación de cartas de crédito.
En relación con los supuestos síntomas o problemas de afectaciones a la salud reportados por un grupo de diplomáticos de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, el gobierno estadounidense adoptó la medida injustificada de declarar una alerta de viaje que recomienda a visitantes potenciales reconsiderar la intención de viajar a nuestro país. El efecto de esa medida ha provocado una disminución significativa de visitantes de EE.UU., inhibidos de viajar, entre otras razones, porque las agencias de seguros asumen con seriedad las alertas de viajes. Esta medida del gobierno estadounidense se aplicó sin evidencia alguna comprobada de daño real a las personas que residían en la embajada norteamericana en Cuba; y sin que ninguno de los cinco millones de visitantes de ese año haya reportado síntomas de ese tipo.
Haciendo uso del mismo pretexto, el gobierno de ese país exigió unilateralmente y sin justificación alguna la retirada de una cifra importante de funcionarios diplomáticos cubanos de la Embajada en Washington. Entre ellos estuvo el personal de la oficina económico-comercial, encargada de explorar las oportunidades y vías de intercambio comercial dentro del marco extremadamente estrecho de licencias y excepciones al bloqueo dispuestas por el gobierno estadounidense. El impacto es un golpe adicional al limitado intercambio comercial bilateral.
Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas.