En la República de Cuba no ha tenido lugar el asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria, tortura u otros tipos de actos perjudiciales contra periodistas y/o trabajadores de los medios de comunicación. Por este motivo, no existen datos al respecto que deban ser desglosados o analizados.
La Constitución de la República de Cuba dispone en su artículo 55, el “reconocimiento a las personas a la libertad de prensa. Este derecho se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad. Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social”.
Además, en su artículo 16, apartado (m), se “ratifica el compromiso del país en la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo sostenible, en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento en la mejora de su calidad de vida; y defiende la cooperación de todos los Estados y la democratización del ciberespacio, así como condena su uso y el del espectro radioeléctrico con fines contrarios a lo anterior, incluidas la subversión y la desestabilización de naciones soberanas”.
Por su parte, el nuevo Código Penal de Cuba, en su artículo 384.1, establece que “quien impida a otra persona el ejercicio del derecho de libertad de palabra o prensa, garantizado por la Constitución de la República de Cuba y las leyes, es sancionado con privación de libertad de seis meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas. Si el delito se comete por un funcionario público, con abuso de su cargo, la sanción es de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas o ambas”.
En Cuba, los periodistas y otros profesionales de la comunicación social ejercen sus funciones con total libertad y en el marco de los medios a los que pertenecen. Cuentan para ello, con el apoyo de las autoridades correspondientes a todos los niveles y disfrutan de los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes.
En nuestro país, existen y funcionan varias organizaciones e instituciones de la sociedad civil, como la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba (UPEC), la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS), la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y, la Asociación Hermanos Saíz (AHS), que agrupan a los profesionales de la comunicación y el periodismo, velan por la defensa de sus derechos e intereses y promueven su desarrollo profesional e intelectual.
De forma particular, la UPEC agrupa a periodistas, camarógrafos, y demás profesionales de los medios de comunicación. Esta organización tiene entre sus objetivos y obligaciones la protección de los periodistas en el ejercicio legal y ético de su profesión. Cuenta con la libre filiación de más de mil periodistas y escritores cubanos. Está estructurada en un Comité Nacional encabezado por un presidente, un vicepresidente primero, dos vicepresidentes nacionales y varios miembros, incluidos los presidentes provinciales y municipales, por lo que tiene representación en todos los niveles.
Históricamente, la UPEC ha estado presente en varios encuentros con las máximas autoridades del país. Más recientemente, han sostenido intercambios con el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, lo cual ha conllevado resultados positivos en la implementación de la estrategia de comunicación del Estado y el Gobierno. Estas actividades han sido también, expresión de la voluntad política de diálogo entre las autoridades y los periodistas cubanos.
Desde noviembre de 2022 se trabaja en un proyecto de ley de Comunicación Social. Este será sometido a discusión por autoridades gubernamentales, legisladores, periodistas, expertos y comunicadores de todo el país, antes de ser analizado por el Parlamento. Esta nueva norma representará un avance en la legislación cubana referente al derecho de las personas a la información y la proyección de una estrategia comunicacional más efectiva y adaptada a los escenarios comunicativos actuales.
En los foros multilaterales, Cuba ha mantenido una posición a favor del consenso en los proyectos de resolución presentados sobre el respeto a la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad.
La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y Organismos Internacionales con sede en Suiza, aprovecha la oportunidad para reiterar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el testimonio de su alta consideración.