Sobre el Código de las Familias, el pueblo tiene la última palabra.

Realizar un referendo legislativo no tiene antecedentes en nuestro país, afirmó Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en conversación con Granma.

El ejercicio democrático del próximo 25 de septiembre no sobra. Ese referendo, que decidirá el presente y futuro de las familias cubanas o, al menos, hará posible la vigencia, o no, de un código que las comprende –también las protege– con todas sus complejidades y diferencias, es la expresión más genuina en cuanto a soberanía popular se refiere, y dicta nuestra Constitución.

Cierto es que el Parlamento cubano aprobó recientemente el texto legal; también que fue publicado en la Gaceta Oficial de la República; pero nada de ello priva el importante papel de los soberanos, porque para la validez y eficacia del Código de las Familias es necesaria la conjunción entre el legislador, que es la Asamblea, y el pueblo.

Homero Acosta Álvarez, secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en conversación con Granma, insiste en que no basta solo con el acto parlamentario, porque el objetivo del referendo es que la voz del pueblo prime, como también era necesaria la publicación del proyecto en la Gaceta, para que se conozca de forma oficial cuál es el texto aprobado por la Asamblea.

Realizar un referendo legislativo no tiene antecedentes en nuestro país, el cual solo ha atravesado por dos, y ambos constitucionales; pero también es raro en el resto del mundo, porque el concepto generalizado es que los parlamentos asumen la representación del pueblo para dictar leyes, tienen esa capacidad y, por tanto, no se somete permanentemente a referendo lo que, por función, le toca al Parlamento, subraya.

–Entonces, ¿cuál es el origen de este referendo, qué lo respalda?

Las razones están en la consulta popular del proyecto de Constitución, en 2019. Al respecto, el Secretario de la ANPP recuerda que, como resultado de polémicas relacionadas, por ejemplo, con el Artículo 68, que establecía el matrimonio como la relación voluntaria entre dos personas, la Asamblea Nacional se encontró en una encrucijada.

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Comunidad cubana
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