El actual Secretario de Estado de EEUU y sus voceros en nuestra región del Caribe, no escatiman en sus campañas de mentiras y calumnias tratando de denigrar a toda costa la humanitaria y solidaria labor que realizan miles de profesionales de la salud de Cuba, que de forma voluntaria y bajo la más estricta observancia de los códigos éticos y laborales que sustentan en derecho y normas internacionales, prestan su servicio en más de 56 países de todas las latitudes de nuestro planeta.
Las viles acusaciones contra Cuba o los países y Gobiernos con los que hoy en día existen acuerdos bilaterales de colaboración médica de promover o permitir formas de trabajo forzado, han sido y siempre serán rechazadas por la inmensa mayoría de las naciones y sus pueblos, que reconocen el humanismo y profesionalidad de los colaboradores cubanos, y su importante contribución al mejoramiento de los estándar de salud de los países en los que brindan sus servicios.
El gobierno de EEUU carece de toda moral al tratar de acusar a otros de promover trabajo esclavo u otras formas de explotación laboral. Antes de lanzar sus campañas de hipocresía, debería primero mirar hacia dentro de sus propias fronteras, donde sí es práctica común la discriminación laboral, el trabajo forzado, e incluso la explotación laboral infantil. Citemos algunos ejemplos.
Según un análisis de la empresa consultora Edgeworth Economics publicado por la organización estadounidense Open Democracy, cada año entre el gobierno Federal, instituciones estatales y empresas privadas, se roban entre 11600 y 18800 millones de USD de los salarios de trabajadores que cumplen penas carcelarias. El estudio señala que estos salarios robados representan no solo una pérdida de ingresos para las personas encarceladas, sino también una pérdida de sustento para sus hijos, familias y comunidades, lo que refuerza aún más su vulnerabilidad financiera, socava la rehabilitación y perpetúa los ciclos de pobreza y encarcelamiento. Para tener una idea del alcance de esta situación, se plantea que hoy en día, casi el 50% de los adultos en Estados Unidos han tenido un familiar directo encarcelado, aunque entre los afroestadounidenses, esa proporción se eleva al 63%. En otras palabras son precisamente las familias afroamericanas las más afectadas por esta práctica de trabajo forzado y robo de salarios. Lo más condenable es que hoy en día numerosos estados del llamado “paraíso democrático norteamericano” como el caso de Luisiana, sus legislaturas defienden y sustentan esta modalidad de trabajo forzado.
Por si esto fuera poco, Estados Unidos se ha ganado la mala fama de ser uno de los países que se caracteriza por la explotación laboral infantil de menores de edad, especialmente por la explotación de niños y jóvenes inmigrantes, a los que frecuentemente se les emplea en las más peligrosas labores. Según un recién artículo publicado por el Center for Public Integrity “How U.S. policy drives child migrants into dangerous jobs” la pobreza y la falta de opciones seguras son aprovechadas por mezquinos intereses de empresarios norteamericanos, para obligar a jóvenes y niños inmigrantes a trabajar en condiciones de total peligro y adversidad. A lo anterior se añade las leyes restrictivas y racistas de inmigración, que colocan a estos menores de edad a una mayor exposición a la explotación y a la servidumbre por deudas.
Como he señalado en otras oportunidades, el gobierno de Estados Unidos, y especialmente su Secretario de Estado, en su esquizofrénica obsesión anticubana, amenaza con imponer sanciones a casi una cuarta parte de las naciones del mundo, incluidas algunas consideradas aliadas de Estados Unidos, por solicitar el apoyo de Cuba para desarrollar sus programas de salud pública. ¿Cómo es posible ser tan cruel como para amenazar a los pequeños países en desarrollo con medidas punitivas draconianas para obligarlos a aceptar los dictados de Washington a expensas del sagrado derecho a la salud de su pueblo? El gobierno de Estados Unidos y su Secretario de Estado parecen no importarle que sus medidas puedan privar a millones de personas en todo el mundo de los servicios de salud esenciales que actualmente brindan los trabajadores de la salud cubanos y los implementados a través de programas desarrollados por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud.
Sería justo preguntar ¿cuántos médicos o enfermeras el Gobierno de EEUU brindó a pequeños países de nuestro querido Caribe para poder enfrentar la difícil coyuntura sanitaria que constituyó la Pandemia de Covid 19?. ¿Cuántas vacunas ofreció? En vez de promover calumniosas campañas contra la colaboración médica que Cuba brinda a terceros países, el Secretario de Estado y sus voceros deberían proponer al Gobierno y autoridades de salud de Cuba, la posibilidad de desarrollar programas conjuntos de apoyo al desarrollo de sistemas de atención de salud pública en favor de los pueblos de nuestra región.
Washington debe aprender de una vez por todas que la solidaridad jamás puede ser bloqueada, y como afirman nuestros queridos graduados de Antigua y Barbuda en universidades cubanas, “el trumpismo viral no puede infectar al internacionalismo cubano”.
Embajada de la República de Cuba en Antigua y Barbuda.