Señor Presidente:
Agradecemos a las delegaciones patrocinadoras la presentación del proyecto de resolución L.6.
Apreciamos su esfuerzo para contribuir al proceso de eficiencia y racionalización de las labores del Consejo de Derechos Humanos, al integrar en el mandato del Relator Especial sobre formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas, las responsabilidades que previamente correspondían a dos titulares de mandatos.
Cuba tiene una política de tolerancia cero respecto a cualquier forma contemporánea de esclavitud y cualquier modalidad de trata de personas, lo que está expresamente prohibido en la Constitución de la República y en otras leyes nacionales. Son delitos atroces y una violación manifiesta de los derechos humanos, que nuestro país rechaza firmemente.
Cuba cuenta con un plan de acción para el enfrentamiento a cualquier modalidad de trata, con un enfoque de prevención y sanción de esta figura delictiva y sus delitos conexos. Anualmente se publica un informe nacional sobre las acciones de prevención, enfrentamiento, asistencia a las víctimas y cooperación internacional realizadas por nuestro país en esta materia. Esas acciones se desarrollan de conjunto con la sociedad civil cubana.
Rechazamos los listados unilaterales, arbitrarios y políticamente motivados, como el que elabora el gobierno de los Estados Unidos, que acusa falsamente a Cuba en esta materia con la única pretensión de justificar su hostilidad contra nuestro país y mantener su política criminal de asfixia económica contra el pueblo cubano. Estados Unidos carece de autoridad moral para hacer evaluaciones o calificaciones de países.
Reafirmamos que los titulares de mandatos de procedimientos especiales tienen la obligación de actuar en todo momento de conformidad con el Paquete de Construcción Institucional, y el Código de Conducta.
La delegación cubana enfatiza su disposición a cooperar de manera activa y constructiva con el mandato del Relator Especial sobre formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas, en correspondencia con el firme compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos.
Por las razones anteriores, Cuba apoya el proyecto de resolución L.8 y se sumará al consenso respecto al mismo.
Muchas gracias.