Señor presidente:
Cuba considera que el Consejo ha llegado al límite de lo que se puede racionalizar en materia de gestión de conferencias, incluyendo la reducción del tiempo dedicado a debates y diálogos interactivos. Tampoco es posible continuar restringiendo el derecho de los Estados a intervenir en capacidad nacional, ni seguir acortando la duración de las intervenciones.
Tales recortes no son en sí mismos indicadores de eficacia. Por el contrario, la disminución del tiempo para el diálogo genuino socava la eficacia de este órgano. Se vulneran los derechos de los Estados y se afectan considerablemente la calidad e inclusividad de los debates.
En ese contexto, recordamos que las medidas adoptadas para dar respuesta a la actual crisis financiera son excepcionales y no constituyen precedente para su institucionalización.
Eficiencia no significa hacer menos. Significa aprovechar mejor los recursos. Las decisiones en materia de racionalización deben estar basadas en criterios claros, objetivos y transparentes. El principal criterio debe ser el impacto real en el terreno.
No puede perderse de vista que la responsabilidad principal del Consejo es llegar eficazmente a las personas y apoyar el progreso nacional en materia de derechos humanos. Por tanto, deben ser priorizados los recursos para implementar las acciones que tienen mayor impacto positivo a nivel nacional.
No se pueden continuar imponiendo contra determinados países, que siempre son del Sur, costosos mecanismos injerencistas, desconociendo su absoluta falta de eficacia y su esencia contraria al diálogo y la cooperación que deben prevalecer en este órgano.
Peor aún, una vez que estos mecanismos punitivos se establecen, nunca acaban. Se prologan indefinidamente en el tiempo, a pesar de la falta de resultados.
Mientras así se despilfarran montos exorbitantes, muchos menos recursos se destinan a mejorar la vida de las personas. Las cifras lo demuestran.
Actualmente están activados en el Consejo mandatos sobre 23 países específicos, que cuestan cerca de 70 millones de dólares anuales. 15 de estos mandatos, es decir el 65%, la gran mayoría, ni siquiera cuentan con el consentimiento de los Estados concernidos y son, además, los más costosos. En ellos se gastan casi 40 millones de dólares al año.
Paradójicamente, para actividades de cooperación con países específicos, bajo el tema 10 de la Agenda, solo se dedican 17.5 millones de dólares, 3 veces menos.
La manera en que estamos utilizando los recursos del Consejo no es racional, ni eficaz, ni sostenible. Se requieren cambios, sin demora.
Como un primer paso práctico, Cuba propone reducir, en al menos un 15%, los gastos de los mecanismos que no cuentan con el consentimiento de los Estados concernidos y que han demostrado por años ser ineficaces.
Ello permitiría disponer de 6 millones de dólares adicionales, que proponemos utilizar para incrementar las actividades de asistencia, cooperación y desarrollo de capacidades a Estados que lo soliciten, para implementar las recomendaciones aceptadas del EPU y de los órganos de Tratados.
Se requiere apoyo real, no condenas ni injerencias, para que los Estados puedan cumplir mejor sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
No se pueden continuar gastando recursos millonarios en actividades punitivas, incompatibles con la soberanía e improductivas, mientras se cancelan cada vez más sesiones de los órganos de tratado, disminuyen las visitas al terreno de los procedimientos especiales que son solicitadas por los Estados y se recortan los recursos para atender las legítimas preocupaciones de los países del Sur sobre derechos económicos, sociales y culturales.
Agradecemos a la Oficina del Alto Comisionado la información brindada sobre el estado de implementación de la decisión 59/115. Dicha información debe complementarse con más datos desglosados sobre los costos, recursos financieros disponibles y recursos humanos asociados a la implementación de las actividades mandatadas por el Consejo.
Urge que los Estados elaboremos, de conjunto con la Oficina, una metodología eficaz, transparente y verificable, para que los miembros del Consejo podamos tomar decisiones oportunas y bien fundamentadas sobre las actividades mandatadas aquellas que podrían verse afectadas por el impacto de la crisis financiera y de liquidez.
Muchas gracias.