Señor Presidente:
Suscribimos la intervención realizada por la República Bolivariana de Venezuela en nombre del Movimiento de Países No Alineados.
Compartimos la preocupación reflejada en el último informe del Secretario General sobre la protección de los civiles en los conflictos armados (S/2019/373), que señala que los civiles continúan siendo la gran mayoría de las víctimas en las situaciones de conflicto, objetivos de ataques indiscriminados y de otras violaciones.
Los Estados miembros de las Naciones Unidas debemos actuar con decisión para prevenir los conflictos. Evitar que estos se desarrollen es la vía más segura y menos costosa para proteger a los civiles. Para ello, se debe respetar estrictamente la Carta de las Naciones Unidas, en particular sus propósitos y principios. Es imprescindible, además, erradicar las causas raigales de los conflictos, particularmente apoyando la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
El Consejo de Seguridad debe cumplir su importante responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales, alentando el respeto al Derecho Internacional y el arreglo pacífico de las controversias. Debe abstenerse de respaldar aventuras militares y de recurrir a la amenaza o uso de la fuerza en la solución de conflictos.
La responsabilidad de prevenir los conflictos y la protección de los civiles durante estos recae en los Estados. La comunidad internacional, las Naciones Unidas y los organismos regionales y subregionales, pueden prestar una asistencia constructiva, pero no reemplazar la función del gobierno del Estado afectado. Deben respaldar y complementar los esfuerzos de los gobiernos nacionales cuando estos lo soliciten, de forma imparcial e incondicional, en estricto respeto a su soberanía, integridad territorial e independencia política.
Es totalmente inaceptable que los esfuerzos en materia de protección de civiles se instrumentalicen para impulsar intereses geopolíticos de determinados Estados y se usen como pretexto para desconocer y violar los principios de la Carta de la ONU e inmiscuirse en sus asuntos internos.
Condenamos enérgicamente el asesinato de personas inocentes, así como el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza contra civiles. Su protección no puede ser el pretexto para legitimar intervenciones militares con el objetivo de imponer cambios de régimen y derrocar el orden político, económico y social legítimamente establecido.
Reconocemos que la asistencia humanitaria constituye un componente fundamental de la protección de los civiles en conflictos armados, pero debe ser proporcionada de conformidad con los principios de la Carta, el Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Deben respetarse los principios rectores de la asistencia humanitaria, a saber: humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, proporcionarse de conformidad con el derecho internacional y las leyes nacionales de los países afectados, así como el consentimiento de los Estados de acogida.
Rechazamos la manipulación con fines políticos de la asistencia humanitaria y la aplicación y reforzamiento de medidas económicas coercitivas unilaterales, que causan graves privaciones y daños humanos a los mismos civiles que se pretende proteger.
Señor Presidente:
Todas las partes involucradas en las hostilidades deben cumplir las obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario, consagradas en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales.
Ello aplica también a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, en particular las que cuentan con mandatos de protección de civiles. Estas deben tener mandatos realistas y viables, objetivos concretos, claramente definidos y los recursos necesarios para evitar poner en riesgo la seguridad del personal de mantenimiento de la paz.
Las operaciones de paz con mandatos robustos, que contemplan el uso proactivo de la fuerza para la protección de los civiles, no siempre han garantizado un entorno más seguro. La aplicación flexible o la reinterpretación de los principios del mantenimiento de la paz han aumentado el riesgo de amenazas y ataques contra el personal de la ONU y han afectado su integridad, credibilidad y neutralidad.
Señor Presidente:
Tal como ha reflejado el informe del Secretario General, es posible realizar mejoras concretas, en particular si se prohíben las trasferencias de armas a actores no estatales no autorizados, se reducen los gastos militares y el desarrollo exponencial de armas convencionales sofisticadas, se prohíben los sistemas de armas letales autónomas y el empleo de drones militares de ataque, se detiene la maquinaria de la guerra y sus recursos se reasignan al desarrollo económico y social.
Al conmemorarse el aniversario 70 de los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados, sus postulados mantienen plena vigencia. La vida y dignidad de las personas en las hostilidades deben protegerse y respetarse, sin discriminación de ninguna índole.
Muchas gracias.