Sr. Presidente,
La pandemia de la COVID-19 ha evidenciado las desigualdades del mundo en que vivimos y la vulnerabilidad de las personas con discapacidad. En este contexto, reafirmamos nuestro compromiso con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Para hacer realidad los postulados de la Convención, debe fortalecerse la cooperación internacional hacia los países en desarrollo; y cesar la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, que tienen un grave impacto sobre los derechos y la calidad de vida de las personas con discapacidad. El injusto bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, contrario a la Carta de la ONU y al derecho internacional, demuestra claramente el impacto de esa política en las personas con discapacidad en mi país.
Por ejemplo, el bloqueo nos impide la adquisición de prótesis auditivas con tecnología de avanzada, incluyendo baterías y piezas de repuesto, así como diferentes equipos de alarmas para personas sordas, pues como regla dichos medios y equipos tienen más de un 10% de componentes estadounidenses.
Por otra parte, entre abril y diciembre de 2020, justo en el período de la pandemia de la covid-19, esta política le causó a Cuba pérdidas superiores a los 3 mil 580 millones de dólares, lo que también incidió en la capacidad de atender las necesidades de las personas con discapacidad.
Sin embargo, a pesar del bloqueo, hemos continuado avanzando en la atención de las personas con discapacidad, en particular en materia de protección y asistencia social, acceso a la salud y la educación, y el empleo digno. En Cuba, estas personas son beneficiarias y actores empoderados del desarrollo económico y social, con pleno apoyo gubernamental.
La Constitución de la República, ratificada en 2019, fortaleció los derechos de estas personas, las garantías para su ejercicio, y las responsabilidades del Estado y la sociedad respecto a este grupo.
Las acciones para enfrentar la COVID-19 en Cuba, tanto en el ámbito de salud como en materia socio-económica, han tomado en cuenta a las personas más vulnerables, incluyendo las personas con discapacidad, pues tenemos el mandato constitucional y la decisión política de no dejar a nadie desamparado a su suerte.
En tal sentido, en momentos en que se desata una carrera desenfrenada por acceder a las vacunas, que como siempre perderán los países en desarrollo, abogamos por la inclusión de las personas con discapacidad, sin discriminación, en los programas de vacunación contra la COVID-19 en todos los países.
Muchas gracias.