Intervención de la delegación de Cuba en la discusión general del tema 25 de la agenda, titulado “Desarrollo social: a) Aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y del vigésimo cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General y b) Desarrollo social, incluidas las cuestiones relativas a la situación social en el mundo y a la juventud, el envejecimiento, las personas con discapacidad y la familia”. Tercera Comisión del 77 período de sesiones de la AGNU.
Nueva York, 29 de septiembre de 2020.
Señor Presidente,
La COVID-19 ha desnudado las mezquindades del injusto orden internacional actual. Continúa la exclusión del Sur y la comprometida situación de muchos países en desarrollo para enfrentar la recuperación post-pandemia. En juego están los limitados avances en materia de desarrollo social.
La comunidad internacional debe redoblar la cooperación, la transferencia de recursos y tecnologías, y la solidaridad hacia el Sur. De lo contrario, seguiremos sin cumplir las metas de la Agenda 2030 de erradicar la pobreza, reducir la desigualdad, promover el empleo productivo, el trabajo decente y construir sociedades más inclusivas. No habrá desarrollo social para todos mientras no se distribuya mejor la riqueza, se incumplan los compromisos de ayuda oficial al desarrollo, y se apliquen medidas coercitivas unilaterales contra el Sur.
Los compromisos asumidos en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995 siguen plenamente vigentes. El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento y el Programa de Acción Mundial para la Juventud, mantienen su validez.
El Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Envejecimiento, y la recién creada Oficina de las Naciones Unidas para la Juventud, cuentan con nuestro apoyo. Esperamos que la nueva Oficina desempeñe su mandato de manera objetiva, balanceada y tomando en cuenta la especial situación de los países en desarrollo.
La protección de los derechos de las personas con discapacidad y las personas de edad, los jóvenes, y las familias, sigue siendo una prioridad para Cuba. La Constitución de la República de 2019, fortaleció aún más los derechos de estas personas, las garantías para su ejercicio, y las responsabilidades del Estado y la sociedad respecto a estos grupos y la protección de la familia.
Hemos hecho énfasis en la protección de los adultos mayores, para asegurar un envejecimiento con dignidad y todos los derechos. La esperanza de vida es de 78,45 años, y se estima que hacia el 2035 el 32,5% de nuestra población tendrá más de 60 años. Ello hace que el envejecimiento poblacional sea uno de nuestros principales retos socio-demográficos.
También continuamos perfeccionando nuestros programas de atención integral a las personas con discapacidad, la infancia y la juventud, para asegurar las condiciones que permitan el desarrollo de todo su potencial.
Particular mención amerita la ratificación en referendo popular, el pasado 25 de septiembre, del nuevo Código de las Familias, con el voto afirmativo del 66,87% de los votantes; y una asistencia a las urnas del 74% del padrón electoral. Con este resultado, nacido de un genuino ejercicio de pluralismo y democracia, Cuba tiene un Código de las Familias de los más avanzados.
Esta nueva ley perfecciona el reconocimiento y la protección de todas las formas de familia, incluida las que puedan formar personas del mismo sexo, y los derechos y responsabilidades de sus miembros; contribuye a la lucha contra todas las formas de discriminación y violencia, incluido en el ámbito familiar y doméstico, y en favor de la plena igualdad de género; y fortalece la protección del interés superior del niño y de los derechos de las personas con discapacidad y los adultos mayores. En esencia, se trata del código de los afectos, que ha convertido el amor en ley.
Señor Presidente,
Para obtener este y otros resultados en favor del bienestar de nuestro pueblo, Cuba ha tenido que sortear los graves obstáculos que representa el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos durante más de 6 décadas. Esta política de hostilidad y asfixia, viola la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, es el principal óbice a nuestro desarrollo, y afecta directamente el disfrute de los derechos humanos y la calidad de vida de nuestro pueblo, en particular de las personas de edad, las personas con discapacidad, las mujeres y los niños.
Sin embargo, como hemos demostrado una y otra vez, y más recientemente en el referendo popular del Código de las Familias, nada nos detendrá en la construcción de una sociedad cada vez más justa e inclusiva para todas las personas, por el camino que nuestro pueblo ha escogido libremente.
Muchas gracias.