TERCERA COMISIÓN - 78AGNU.
Nueva York, 2 de octubre de 2023.
Señor Presidente:
Compartimos los esfuerzos de las Naciones Unidas en favor de la prevención del delito y la justicia penal. El enfrentamiento al delito debe estar acompañado de la lucha contra el subdesarrollo, la pobreza y por un orden internacional más justo, democrático y equitativo.
Estos esfuerzos deben ser liderados por los Estados, y tener una naturaleza cooperativa. Los enfoques punitivos deben descartarse. Es preciso evitar la elaboración de rankings entre países y abolir las listas unilaterales, que sólo contribuyen a la politización y la selectividad, en particular contra el Sur. Un caso muy ilustrativo de este negativo fenómeno es la inclusión de Cuba, por parte de los Estados Unidos, sin base ni fundamento alguno, en la fraudulenta y unilateral lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Rechazamos este tipo de prácticas de un país que no tiene moral ni autoridad alguna para enjuiciarnos.
Señor Presidente:
La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y la Comisión de Estupefacientes deben continuar su labor, sin menoscabo en sus funciones, detrimento a su autoridad, o duplicidad por otros foros. Reconocemos la importancia de los Congresos sobre Prevención del Delito, como marco intergubernamental fundamental para evaluar y crear directrices no vinculantes, y facilitar el intercambio de información y buenas prácticas en esta esfera.
Igualmente, apoyamos el mandato del Comité Ad Hoc establecido por la resolución 74/247 de la Asamblea General, con vistas a elaborar un instrumento jurídicamente vinculante contra el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos. Esperamos que su resultado refleje las prioridades de los países en desarrollo.
Genera profunda preocupación el creciente empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos y para actividades de subversión política, que casi siempre incluyen la instigación a delinquir, a alterar el orden y a violentar la tranquilidad ciudadana.
Cuba sabe muy bien lo que implica el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos, desestabilizadores y contrarios al derecho internacional. Durante décadas, mi país no solo ha tenido que enfrentar el criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, sino también la agresión radioelectrónica desde territorio estadounidense. A ello se suma el uso de las redes sociales para incitar a la violencia y el delito, con el objetivo de generar inestabilidad y desorden, como parte del declarado propósito de subvertir el orden constitucional escogido libremente por los cubanos.
Sólo democratizando el acceso a estas tecnologías, incluyendo internet, estaremos todos en una mejor condición para enfrentar su uso con fines delictivos y contra la paz.
El abuso y la dependencia de las drogas es un serio problema para la salud de las personas y una amenaza a la seguridad y el desarrollo económico y social. El costo de este flagelo, que reproduce los ciclos de pobreza, exclusión, violencia y diversas conductas criminales, es enorme. No obstante, no se solucionará el problema militarizando países, legalizando drogas o asumiéndolas como inofensivas.
Reafirmamos el régimen internacional de estupefacientes y los órganos intergubernamentales que los supervisan, según lo estipulado en las tres Convenciones internacionales sobre el tema, y destacamos la importancia de la Comisión de Estupefacientes como principal órgano de Naciones Unidas para el tratamiento del Problema Mundial de la Drogas. Al mismo tiempo, mantenemos una política de tolerancia cero ante la producción, el consumo y tráfico de drogas.
Lamentamos que en la sesión anterior de esta Comisión se violentara el estatus quo en la consideración del problema mundial de las drogas, imponiendo una resolución que sacrificó los balances tradicionales. Abogamos por rescatar el espíritu del consenso en el tratamiento a este tema.
Señor Presidente,
Cuba ha cumple celosamente sus obligaciones internacionales en materia de lucha y colaboración internacional contra el crimen organizado, con un destacado historial en el enfrentamiento de los delitos de mayor incidencia, como el terrorismo internacional, el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la piratería y la trata de personas, entre otros.
La prevención del delito y la justicia penal forman parte intrínseca del proceso de actualización de nuestro marco jurídico-normativo. Para fortalecer la prevención del delito, mejorar la aplicación de la ley, perfeccionar la protección de las garantías del debido proceso, y fortalecer nuestro sistema de justicia, se han actualizado en los últimos años varias normas jurídicas de gran trascendencia, a la luz de la realidad del país, las obligaciones asumidas y los estándares internacionales. Es el caso de la Ley de los Tribunales Populares, la Ley del Proceso Penal y el Código Penal.
Al precio de grandes sacrificios y sorteando muchos obstáculos, continuaremos protegiendo la tranquilidad de nuestras calles contra todas las formas de delito y desestabilización, y construyendo una sociedad cada vez más justa e inclusiva para todos.
Muchas gracias