Nueva York, 15 de junio de 2023.
Señor Presidente,
La cuestión del fortalecimiento del marco jurídico-normativo, incluyendo en cuanto a la promoción y protección de los derechos humanos, las garantías del debido proceso y la no discriminación en el acceso a la justicia, han sido una prioridad para Cuba.
En 2019, se promulgó la nueva Constitución de la República, ratificada en referéndum popular con el 86% de los votos. Ello devino en un proceso de amplia reforma legislativa, y como resultado se han aprobado 118 normas jurídicas de rango superior, un hecho sin precedentes en el país para tan corto periodo.
Este proceso ha permitido contar con modernas leyes para la organización del Estado y el Gobierno, implementar una profunda e integral reforma procesal y judicial, y proteger los amplios derechos y garantías reconocidos en la Constitución, usando como base la realidad cubana, las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales de los que somos parte, nuestros objetivos de desarrollo y la Agenda 2030.
Este intenso y abarcador proceso legislativo ha incluido amplios procesos de consulta con la población, dos de ellos devenidos en referendos nacionales, y han permitido enriquecer con el saber popular el cuerpo y contenido de estas normas, al tiempo que confirman el carácter genuinamente popular y participativo de la democracia cubana.
A su vez, la reforma integral del sistema de justicia penal ha implicado la modificación profunda de normas sustantivas y procesales, tales como el Código Penal, la Ley del Proceso Penal y la Ley de Ejecución Penal.
Estas nuevas leyes perfeccionan la ejecutoria de Cuba en materia de administración de justicia. El nuevo Código Penal fortalece el enfrentamiento a todas las formas de violencia y discriminación. La Ley del Proceso Penal reconoce como partes en el proceso a las víctimas y perjudicados y refuerza el procedimiento de Habeas Corpus. La Ley de Ejecución Penal fortalece el tratamiento diferenciado a sancionados en condiciones especiales e introduce cambios sustanciales en las regulaciones sobre la medida cautelar de prisión provisional.
Por otro lado, en 2021 y 2022 se adoptaron también otras normas relevantes en este ámbito, entre ellas el Código de Procesos, el Código de las Familias, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley del proceso de amparo de los derechos constitucionales.
Todas estas normas contribuyen, en definitiva, a la protección de los derechos y garantías reconocidas en la Constitución y las leyes, que en Cuba se disfrutan sin discriminación.
Señor Presidente,
La máxima de que todas las personas reciban el mismo trato y conforme a la ley por parte de las autoridades, incluyendo las instituciones encargadas de administrar justicia, es una realidad en mi país. Sin embargo, no estamos satisfechos, y continuaremos avanzando en el fortalecimiento de nuestro marco jurídico-normativo, para hacer realidad el sueño de una sociedad cada vez más justa y equitativa para todos.
Lo haremos a pesar del negativo impacto que sobre estos esfuerzos tiene el bloqueo económico, comercial y financiero que nos impone Estados Unidos desde hace más de 6 décadas; y la campaña de desinformación que se organiza y financia contra Cuba desde dicho país, y que incluye la manipulación de elementos relacionados con la administración de justicia, con el propósito de justificar ante el mundo la hostilidad contra nuestro pueblo, y enmascarar la intención de conculcar nuestro derecho a la libre determinación.
Muchas gracias.