Quito, 8 de junio de 2021. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Cuba por más de seis décadas, es el sistema de sanciones unilaterales más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno y continúa representando un freno para el desarrollo de las potencialidades de la economía cubana, para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país, así como para la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El bloqueo económico continúa siendo el eje central de la política del gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) hacia Cuba. La estrategia estadounidense se enfoca en consolidar la confrontación y la hostilidad, tanto en el plano declarativo como en la ejecución de medidas de agresión económica contra el país.
El bloqueo constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de las cubanas y cubanos. Califica como acto de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y como un acto de guerra económica según la Conferencia Naval de Londres de 1909.
Tras más dei seis décadas de bloqueo, la población cubana vive hoy una situación especialmente difícil que afecta su bienestar y su integridad, impidiendo el acceso a productos y servicios de primera necesidad, incluyendo medicamentos y alimentos. Durante el gobierno del presidente Trump y como resultado del impacto combinado de las 243 medidas tomadas por éste, en solo cuatro años, se han dificultado en extremo el acceso de Cuba a ingresos legítimos, así como las operaciones financieras para garantizar el comercio, la inversión y los procesos productivos en el país.
Estas medidas no constituyen simples acciones de recrudecimiento del bloqueo, sino nuevas y extremas acciones de presión, hostigamiento y piratería económica, que atentan contra el Derecho Internacional y la libertad de comercio y navegación. Muestra de ello es la persecución y sanción a 59 embarcaciones que trasladaban combustible a Cuba y a más de 30 empresas vinculadas a esta actividad imprescindible para el funcionamiento del país y los servicios de la población como el gas, el transporte y la electricidad.
La aplicación extraterritorial del bloqueo ha alcanzado niveles de agresividad sin precedentes. Sus efectos perjudican los intereses y derechos soberanos de Cuba y de terceros países, que no están exentos de sufrir las consecuencias de esta cruel e ilegal política, que contraviene los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, incluidas las normas internacionales de comercio y la libertad de navegación.
El gobierno del presidente Joe Biden no ha cambiado en nada la política estadounidense respecto a Cuba.Las prioridades declaradas por EE.UU. en materia de derechos humanos, de liderazgo en el enfrentamiento a la COVID-19 y de rectificación de las políticas atroces del gobierno anterior, contrastan con la evidente indiferencia e insensibilidad con que el gobierno del presidente Joe Biden continúa aplicando las políticas implementadas por la administración de Donald Trump contra Cuba.
El gobierno estadounidense ha aprovechado las difíciles condiciones generadas por la pandemia de COVID-19 para dar un apretón oportunista a las regulaciones del bloqueo con el propósito de desestabilizar al país y lograr imponer sus intereses de dominación. Para Cuba, estas restricciones profundizan los múltiples desafíos impuestos por la pandemia y multiplican sus efectos devastadores en el ámbito socioeconómico, sanitario y financiero. Estas medidas han obstaculizado, en reiteradas ocasiones, el arribo de ayuda humanitaria al país, lo cual resulta inmoral e injustificable en el contexto del enfrentamiento a la pandemia y pone de manifiesto la naturaleza criminal del bloqueo.
En las condiciones actuales, el bloqueo supone una carga descomunal para la población y la economía cubanas, con agudas consecuencias en el contexto de la COVID-19, en el que Cuba ha tenido que dedicar cuantiosos recursos para garantizar con urgencia el equipamiento y los materiales necesarios para su Sistema Nacional de Salud, en detrimento de otros productos y medicamentos necesarios para la población.
El impacto del bloqueo en el sector de la salud se refleja en el desabastecimiento de productos imprescindibles para el consumo de la población, así como en las dificultades de la industria nacional para adquirir insumos necesarios para la conservación de alimentos, la producción de medicamentos y otros.
El mantenimiento de esta política ilegal contra Cuba ignora el apoyo mayoritario de la comunidad internacional, la opinión pública estadounidense y los cubanos residentes en los Estados Unidos al levantamiento del bloqueo y al mejoramiento de las relaciones entre ambos países. Dentro de la sociedad estadounidense, continúan creciendo los sectores opuestos a la absurda política del bloqueo contra Cuba.
Al régimen de medidas coercitivas que se desprenden de las regulaciones del bloqueo, se añaden los efectos intimidatorios asociados a la fraudulenta inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, anunciada el 11 de enero de 2021. Esta acción unilateral, carente de justificación moral y jurídica, tiene un impacto negativo en cada esfera de la vida de la sociedad cubana, toda vez que incrementa las dificultades del país para insertarse en el comercio internacional, realizar operaciones financieras y adquirir insumos básicos.
Muchos bancos en el mundo han cerrado las operaciones con Cuba y con los ciudadanos cubanos, temerosos del sistema de vigilancia financiera perfeccionado por el gobierno del presidente Donald Trump y aplicado por el gobierno de Biden con idéntica crueldad.
Los daños económicos acumulados durante seis décadas de aplicación de esta política, ascienden a más de 144 413 millones de dólares, 5570 millones sólo en el último año, a lo cual se suma el daño humano que resulta incalculable e irreparable.
En sus esfuerzos por el levantamiento del bloqueo, el pueblo de Cuba ha contado tradicionalmente con el respaldo casi unánime de la comunidad internacional, a contrapelo del comportamiento del gobierno de los Estados Unidos. Por 28 años consecutivos la comunidad internacional ha condenado el bloqueo contra Cuba en el marco de las Naciones Unidas. El gobierno de los Estados Unidos, con su arrogancia, desconoce no solo las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino también declaraciones de las Cumbres de Jefes de Estado o Gobierno de la Unión Europea-América Latina y el Caribe, de la Unión Africana, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), del Grupo de los 77 más China y del Movimiento de Países No Alineados, entre otras organizaciones, que han exigido el fin del bloqueo a Cuba.
El próximo 23 de junio de 2021, en la sesión reanudada del 75 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU), Cuba presentará nuevamente el proyecto de resolución titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”,
En el 74 período de sesiones de la AGNU, en noviembre de 2019, 187 Estados miembros votaron a favor de esta resolución, lo que constituye una muestra fehaciente de que el reclamo a favor del levantamiento del bloqueo goza del apoyo de la inmensa mayoría de la comunidad internacional.
En esta nueva votación en las Naciones Unidas, una vez más el mundo votará con Cuba y rechazará de manera contundente el bloqueo criminal e ilegal del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano.