Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores
El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su enérgico rechazo a la calumniosa inclusión de la República de Cuba en una lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos referida a países que supuestamente no cooperan plenamente con los esfuerzos estadounidenses contra el terrorismo, hecha pública el 13 de mayo de 2020, que fue contundentemente rechazada por el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Se trata de un listado unilateral y arbitrario, sin fundamento, autoridad o respaldo internacional alguno y que, como se sabe, solo sirve a propósitos de difamación y coerción contra países que se niegan a acatar la voluntad del gobierno de los Estados Unidos en sus decisiones soberanas.
El principal argumento utilizado por el gobierno de los Estados Unidos fue la presencia en el territorio nacional cubano de miembros de la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.
Como es ampliamente conocido, la delegación de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia está en nuestro territorio porque, en virtud del abandono repentino de Ecuador de su condición de sede y a solicitud del gobierno colombiano y del ELN, el proceso de paz se trasladó a La Habana en mayo del 2018.
Este diálogo de paz había comenzado el 7 de febrero del 2017 en Quito. Cuba, junto a Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela y Noruega, ha fungido como Garante del proceso de paz, por petición de las partes.
A partir de la llegada del Sr. Iván Duque Márquez a la Presidencia de Colombia el 7 de agosto del 2018, representantes de ese gobierno sostuvieron, desde el 8 de agosto de ese año, hasta enero del 2019, varios intercambios con Cuba y con la delegación de paz del ELN con el propósito de continuar los diálogos que habían comenzado durante el mandato del Presidente Santos, proceso en el cual nuestro país actuó con la debida discreción y riguroso acatamiento de su papel de garante.
Tras el atentado en la Escuela de Cadetes de Policía de Bogotá, del 17 de enero de 2019, el Presidente de la República de Cuba y el Ministro de Relaciones Exteriores expresaron de inmediato sus condolencias al gobierno y pueblo colombianos, en particular a los familiares de las víctimas del atentado, y reiteraron la firme posición de nuestro país de rechazo y condena a todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones.
El gobierno colombiano tomó entonces acciones políticas y legales contra la delegación de paz del ELN que se encontraba en territorio cubano y rompió el diálogo de paz. Adicionalmente, decidió desconocer el Protocolo de Ruptura, en franco abandono y quiebre de los compromisos adquiridos por ese Estado con otras seis naciones firmantes del mismo.
El Protocolo de Ruptura se firmó en el marco de las negociaciones de paz por el Gobierno de Colombia, el ELN y los países Garantes, el 5 de abril de 2016. En él se establece el regreso seguro de la delegación guerrillera a Colombia en caso de romperse el diálogo.
El gobierno cubano sostuvo y sostiene hoy que lo que corresponde, según los documentos acordados, es la aplicación del Protocolo. Esta postura, respaldada ampliamente por la comunidad internacional y sectores comprometidos con la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado colombiano, es una práctica universal reconocida y ratificada reiteradamente por apegarse al Derecho Internacional y a los compromisos del País Garante y Sede de los diálogos. Debido a la no aplicación de este Protocolo, es que aún permanecen en el país los miembros de la delegación de paz del ELN.
El gobierno colombiano ha incursionado en una serie de acciones hostiles contra Cuba, que incluyen declaraciones públicas, amenazas y emplazamientos, mediante la manipulación, ingrata y políticamente motivada, de nuestra inobjetable contribución a la paz en Colombia. Entre estas acciones, se registró la modificación de la postura histórica de Colombia de apoyo a la Resolución que cada año aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas en demanda del fin del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos que provoca daños y sufrimiento al pueblo cubano. Esta acción cambió ostensiblemente la posición consistente e invariable de todos los gobiernos colombianos desde 1992.
El mismo día que EE.UU. anunció la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente no cooperan plenamente con los esfuerzos estadounidenses contra el terrorismo, el Alto Comisionado para la Paz del gobierno de Colombia, Sr. Miguel Ceballos Arévalo declaró públicamente que la decisión del Departamento de Estado de incluir a la isla era un “espaldarazo” al Gobierno de Colombia y a su “insistente solicitud” para que Cuba le entregara a los miembros de la delegación de paz del ELN.
Estas declaraciones del Sr. Ceballos han sido criticadas en Colombia por amplios sectores comprometidos con la paz y varios políticos colombianos han demandado del gobierno una explicación sobre las mismas y acerca del desconocimiento del Protocolo de Ruptura.
El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza, en términos enérgicos, las declaraciones del alto funcionario colombiano.
Lo que se desprende de los comentarios del Alto Comisionado para la Paz es que la conducta del gobierno de Colombia ha servido y facilitado los argumentos para los propósitos agresivos de los Estados Unidos contra nuestra Nación y que ha brindado su “espaldarazo” a las infamias estadounidenses contra una nación de América Latina y el Caribe.
La presencia de representantes del ELN en nuestro territorio, en la que descansa la acusación estadounidense, no es más que un pretexto endeble y deshonesto, carente de sentido y facilitado por la actitud ingrata del gobierno de Colombia, si es que algún crédito merecen las declaraciones del Sr. Ceballos.
En cualquier caso y aún con esa supuesta ayuda del gobierno de Colombia, la acusación de los Estados Unidos es totalmente infundada. Existen evidencias concretas, algunas de ellas muy recientes, de nuestra colaboración bilateral con los Estados Unidos en el combate contra el terrorismo y en esfuerzos conjuntos de aplicación y cumplimiento de la ley, en acciones de particular interés para este, lo que convierte la calificación anunciada por el Departamento de Estado en un acto deliberado de distorsión de la verdad.
Debe recordarse que Cuba es un país que ha sido víctima de numerosos actos terroristas organizados, financiados y ejecutados desde territorio de los Estados Unidos, por parte de grupos e individuos que han disfrutado allí de tolerancia y protección gubernamental, realidad que es de dominio público. Fue víctima también, en el pasado, del terrorismo de Estado perpetrado directamente por el gobierno de los Estados Unidos, que actuó en ocasiones en contubernio con el crimen organizado de ese país. Por acciones de este tipo han muerto 3478 cubanos y 2099 sufren o han sufrido algún tipo de discapacidad.
El pasado 30 de abril, nuestra Embajada en los Estados Unidos fue objeto de una agresión terrorista. El gobierno estadounidense mantiene desde entonces un silencio cómplice, sin condenar o siquiera rechazar el hecho, y se abstiene de tomar acciones contra personas y grupos terroristas radicados en territorio estadounidense que incitan a la violencia contra Cuba y sus instituciones.
Como consecuencia, tras el atentado terrorista contra nuestra Misión Diplomática en Washington, se han producido amenazas contra la integridad de diplomáticos y Embajadas cubanas en los propios Estados Unidos, así como en México, Costa Rica, Antigua y Barbuda, Canadá, Chipre, Austria y Angola, todo lo cual se ha informado a los respectivos gobiernos.
La actitud de manifiesta complicidad del gobierno de los Estados Unidos conlleva el peligro de ser asumida como un endoso al terrorismo. Es consecuente con la intensificación de la política de agresión e instigación a la violencia contra Cuba, llevada incluso a los países donde labora personal cubano de la salud en programas bilaterales de cooperación.
El compromiso de nuestra Nación con la actuación enérgica y la condena del terrorismo está recogido en la Constitución. Es absoluto y categórico contra cualquiera de sus formas y manifestaciones, en particular el terrorismo de Estado, y está respaldado por la debida legislación. Existen sobradas razones para dudar de que el gobierno de los Estados Unidos pueda emitir una afirmación tan categórica sobre su posición frente al terrorismo.
Cuba ha mantenido de manera invariable su apoyo a la paz de Colombia y ha trabajado desde su condición de Garante en la implementación del Acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), a pesar de que el Gobierno colombiano no ha garantizado la protección de dicho Acuerdo y no ha asegurado su estricto cumplimiento.
Como se ha planteado por vías diplomáticas, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicita al gobierno de Colombia conocer cuál es su postura sobre la condición de los Garantes en el proceso de Paz de Colombia, en particular el de Cuba.
Igualmente, requiere conocer cuál es la posición del gobierno sobre la aplicación y el cumplimiento del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y la FARC-EP.
El Ministerio de Relaciones Exteriores insta al Gobierno de Colombia a que declare su posición oficial acerca de las razones que le atañen para la inclusión de Cuba en la lista elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y aclare cuál fue el papel y la postura de sus funcionarios en los intercambios previos realizados con los Estados Unidos al respecto.
Como país que ha sido víctima del terrorismo, Cuba deplora toda manifestación de manipulación y oportunismo político al tratar un asunto tan sensible.
La Habana, 1 de junio del 2020
Statement of the Ministry of Foreign Affairs
The Ministry of Foreign Affairs states its strong rejection of the slanderous inclusion of Cuba in a US State Department list of countries which are allegedly not cooperating fully with US efforts against terrorism that was made public on May 13, 2020 and that was strongly rejected by President Miguel Díaz-Canel. Bermúdez.
It is a unilateral and arbitrary listing without any base, authority or International support whatsoever which, as it is known, only aids to the intentions to defame and pressure countries refusing to bend to the will of the US government in their sovereign decisions.
The main argument given by the US government was the presence in Cuban territory of the members of the delegation to the peace talks of the National Liberation Army (ELN) of Colombia.
As it is widely known, the delegation to the peace talks of the National Liberation Army (ELN) of Colombia are in Cuba because Ecuador suddenly renounced to continue being the venue of such talks and, at the request of the Colombian government and the ELN, the venue for the peace process was transfered to Havana in May 2018.
These peace talks had begun on February 7, 2017 in Quito, Ecuador. Cuba, together with Brazil, Chile, Ecuador, Venezuela and Norway, has been a Guarantor of the peace process as requested by the Parties.
After Mr. Iván Duque Márquez was inaugurated as president of Colombia on August 7, 2018, the representatives of his government, beginning on Auguat 8 that year an until January 2019, had several exchanges with Cuba and the ELN delegation to the peace talks so as to continue the dialogues that had started during the Santos presidency --a process in which our country observed due discretion and acted strictly in its capacity as a guarantor.
Immediately after the bombing of the Police Cadet Academy in Bogota on Jaunary 17, 2019, the president of the Republic of Cuba and his minister of foreign affairs immediately expressed their condolences to the Colombian government and people and particularly to the relatives of the victims in the bombing, and they restated Cuba´s strong position of rejecting and condemning all terrorist acts, methods and practices in all their forms and manifestations.
Then the Colombian government took political and legal actions against the ELN delegation to the peace talks that was in Cuba and stopped the peace dialogue. Additionally, it decided to ignore the Protocol in Case of Rupture, thus openly abandoning and violating the commitments made by that State with the other six nations that had signed it.
The Protocol in Case of Rupture was signed in the framework of the peace talks held by the government of Colombia, the ELN and the guarantor countries on April 5, 2016. It states the safe return of the guerrilla delegation to Colombia in the case there is a cease of talks.
The Cuban government has stated and it continues to state today that, based on the agreed documents, the Protocol should be implemented. Such stance, which is widely supported by the international community and by circles committed with reaching for a negotiated settlement to the Colombian armed conflict, is an accepted universal practice which has been repeatedly ratified as it abides by international law and the commitments of the country that is a guarantor and the venue of the talks. It is due to the non-implementation of this Protocol that the members of the ELN delegation to the peace talks are still in Cuba.
The Colombian governmet has embarked on a series of hostile actions against Cuba, including public statements, threats and summons, through an ungrateful and politically-motivated manipulation of the unquestionable contribution of Cuba to peace in Colombia. Among such actions, there was a change in the historical position of Colombia in support of the Resolution that has been passed every year in the United Nations General Assembly demanding an end to the US economic, commercial and financial blockade against Cuba which is bringing damages and suffering to our people. Such action ostensibly changed the consistent and invariable position all Colombian governments had been assuming since 1992.
The same day the US announced Cuba had been included in the list of countries allegedlly not cooperating fully with the US efforts against terrorism, the Colombian government´s High Commissioner for Peace, Mr. Miguel Ceballos Arévalo, publicly stated that the decision by the State Department to include Cuba was a “recognition” of the government of Colombia and its “repeated request” that Cuba sends to it the members of the ELN delegation to the peace talks.
Those statements by Mr. Ceballos have been criticized in Colombia by many circles committed to peace and several Colombian politicians have demanded from the government an explanation about them and the way the Protocolo in Case of Rupture is being ignored.
The Ministry of Foreign Affairs strongly rejects the statements of the Colombian high-ranking official.
What stems out of the comments by the High Commissioner for Peace is that the behavior of the government of Colombia has supported and facilitated the arguments for the aggressive aims of the United States against our nation and given its “recognition” to the infamous US actions against a Latin American and Caribbean nation.
Mentioning the presence of the ELN representatives in Cuba, on which the US accusation is based, is nothing but a senseless feeble and dishonest pretext facilitated by the ungrateful attitute of the government of Colombia –if Mr. Ceballos´ statements are to be given any credt.
In any case, and even with that so-called assístance from the government of Colombia, the US accusation is totally and deliberately unfounded. There is concrete and, in some cases, very recent evidence of our bilateral collaboration with the United States in fighting terrorism and in joint law enforcement efforts and in actions of specific interest for the US, so the inclusion of Cuba in the list as announced by the State Department is a deliberate distorsion of truth.
It must be remembered that Cuba as a country has been the target of many terrorist actions financed and carried out from US territory by groups and individuals who have enjoyed there the leniency and protection of the US government, a circumstance that is public knowledge. In the past, Cuba was also the victim of state terrorism perpetrated directly by the government of the United States, which sometimes acted in connivance with organized crime in that country. Due to such actions, 3478 Cubans have died and 2099 have been disabled in one way or another.
On April 30 last, the Embassy of Cuba in the United States was the target of a terrorist act. Since then, the US government has kept a complicit silence, without condemning or even rejecting such action, and it refrains from acting against terrorist individuals and groups based in US territory who are fueling violence against Cuba and its institutions.
As a result, after the terrorist attack against our diplomatic mission in Washington, threats have been made against the safety of Cuban diplomats and embassies both in the US itself and in Mexico, Costa Rica, Antigua & Barbuda, Canada, Cyprus, Austria and Angola, all of which has been reported to the respective government authorities.
The attitude of manifest complicity by the US government entails the peril of being taken as an approval of terrorism. It is consistent with the hightened policy of aggresion and instigation to violence against Cuba, which has been expanded even to countries where Cuban health personnel are working under bilateral cooperation schemes.
Cuba´s commitment with decisive actions against and
condemnation of terrorism is enshrined in its Constitution. It is absolute and categorical as to opposing any form and manifestation of terrorism, particularly state terrorism, and that is described in the relevant laws. There are reasons in excess to doubt the US governmet can utter such a categorical statement on its stance toward terrorism.
Cuba has invariably supported peace in Colombia and worked as a guarantor for the implementation of the peace agreement between the Colombian government and the Colombian Revolutionary Armed Forces-People´s Army (FARC-EP), even when the Colombian government has not guaranteed protection for or ensured the strict implementation of such agreement.
As requested through diplomatic channels, the Ministry of Foreign Affairs is asking the government of Colombia to explain its position as to the role of the guarantors of the Colombian peace process, particularly that of Cuba´s.
Equally, it requires to be informed about the position of the government on the enforcement and implementation of the peace agreement between the government of Colombia and FARC-EP.
The Ministry of Foreign Affairs urges the government of Colombia to state its official position as to its reasons concerning the inclusion of Cuba in the lisf made by the US State Department and explain which was the role and posture of its officials during the previous exchanges that took place with the US concerning such matter.
As a country which has been a victim of terrorism, Cuba deplores any form of manipulation and political opportunism when dealing on such a sensitive issue.
Havana, June 1, 2020
